Preocupante la situación en el centro penitenciario de Cáceres

Tras la aprobación del Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, del pasado 14 de marzo y, las sucesivas medidas que se adoptaron por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (suspensión de comunicaciones orales, vis-vis, permisos de internos etc), se ha generado un clima de tensión interno que podría provocar incidentes graves dentro del centro de trabajo, tales como atentados contra las instalaciones o contra la integridad de los funcionarios y entre los propios reclusos.

A nivel estatal, se ha denunciado el incumplimiento, por parte de la Administración, de las normas mínimas de seguridad y salud en materia laboral para hacer frente a esta crisis sanitaria. La falta de medios de protección es alarmante dentro de este colectivo tan sensible. No se puede obviar que la población reclusa, en un alto porcentaje, sufren patologías de diversa índole y que los funcionarios de prisiones, debido a las peculiaridades de nuestro trabajo, estamos en constante contacto directo y próximo a dicha población reclusa. A todo esto se une que la media de edad de los funcionarios ronda los 60 años… Consideramos una irresponsabilidad, no dotar de los equipos de protección adecuados y necesarios a todo el personal penitenciario, además de una grave vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se nos indica que debemos evaluar nosotros si tiene síntomas el interno y entonces ponernos la mascarilla, cuando de todos es sabido y por ello se da una propagación tan dramáticamente alta que se transmite desde personas asintomáticas, esto en una prisión es una espada de Damocles pendiendo de nuestras cabezas.

Las actuaciones llevadas a cabo en el Centro Penitenciario de Cáceres, en colaboración con la Dirección, ha dado como resultado el establecimiento de unos protocolos de actuación, encaminados principalmente a proteger la Seguridad y Salud de los funcionarios que están en contacto directo con la población reclusa, dotándolos de guantes, mascarillas (sólo una, sin reposición), etc…., se ha enviado a casa a los internos clasificados en tercer grado de tratamiento, de igual manera propusimos habilitar un módulo para aislar a los internos en casos de posible contagio, o establecer unas medidas preventivas para aquellos reclusos de nuevo ingreso o los que regresaran de algún permiso, en aras de que pudieran ser reconocidos por los facultativos del Centro y pasar el tiempo de observación necesario, con todas las garantías.

A la falta de medios que a nivel nacional padecemos, en nuestra prisión se une el hecho de que desde el verano contamos únicamente con dos médicos más una médico contratada por tres meses; estamos pidiendo que se prorrogue el contrato y se permita que continúe desempeñando sus funciones en esta prisión, donde están desbordados de trabajo.

En la actualidad, en el Centro Penitenciario de Cáceres, no hay constancia de ningún caso de contagio del virus, ni trabajadores en observación, aunque tenemos conocimiento, que a nivel estatal se han producido a día de hoy 25 positivos, de los cuales 23 pertenecen a funcionarios y 2 a reclusos, además de existir 251 personas en observación (166 trabajadores y 85 internos).

Por lo que se refiere a la Seguridad en el Centro, aunque se producen momentos de tensión entre internos debido a las medidas adoptadas por el aislamiento, éstos no llegan a constituir un grave problema de convivencia, ya que la gran mayoría de los reclusos están viviendo esta situación con la misma preocupación que el resto de la población española, conscientes del momento de crisis por el que estamos atravesando, sólo en casos puntuales se han dado episodios de indisciplina llamativos que han sido solventados por la plantilla con la profesionalidad de que siempre ha hecho gala, plantilla que está realizando una labor encomiable para informar y tranquilizar a los internos y a la que no podremos agradecer lo suficiente el riesgo que están soportando en una situación tan difícil como la que nos toca vivir, nosotros no podemos quedarnos en casa.

Queremos transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y optimismo. Los trabajadores de los Centros Penitenciarios somos servidores públicos formados y adaptados al trabajo en confinamiento. Nunca fue fácil trabajar en estas condiciones, pero constituye nuestra seña de identidad. Somos un servicio esencial para garantizar la seguridad a la sociedad española y, sin embargo, somos los grandes olvidados por parte de la Administración. En este momento pedimos más que nunca ese necesario reconocimiento, así como poner en valor y visibilizar a toda la sociedad en general y, a la Administración en particular nuestro trabajo, tal y como está ocurriendo en otros colectivos que se están dejando la piel en esta crisis sanitaria, en unas condiciones nunca antes vividas en nuestro país.

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